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El tratamiento de la gestión publica no puede estar al margen de su origen y contenido político, pues ello nos permite tener una visión clara de su concepción, función, relevancia y
perspectiva.
Las administraciones públicas deben constituir la plataforma institucional para la elaboración e implantación de políticas públicas que respondan a los intereses generales de los gobiernos provinciales y distritales.
El Estado es la organización política de una nación, es decir, la estructura de poder que se asienta sobre un determinado territorio y población.
El poder puede definirse como la capacidad que tiene el aparato institucional para imponer a la sociedad el cumplimiento y la aceptación de las decisiones del gobierno u órgano ejecutivo del Estado.
Constitucionalmente la República del Perú se declara un Estado democrático, social, independiente y soberano. El Estado es uno e indivisible.
La función de las fuerzas armadas es la de ejercer la contraloria del Estado.
En los Estados liberales y democráticos, las leyes son elaboradas o aprobadas por los cuerpos electorales, cuyos miembros, elegidos por la ciudadanía, representan la soberanía nacional.
El territorio es el elemento físico del Estado y es de primer orden, porque colocado al lado del elemento humano permiten que surja y se conserve el Estado, sin embargo el Estado es una agrupación política, no una expresión geográfica o económica.
Los hombres y mujeres que pertenecen a un Estado componen la población de éste. La población desempeña, desde el punto de vista jurídico, un doble papel. Puede, en efecto, ser considerada como objeto o como sujeto de la actividad estatal.
Funciones escenciales del Estado:
El Poder Ejecutivo es la organización del gobierno nacional puesta al servicio de los intereses de la Nación y que ejerce las funciones de gobierno del país.
La LOPE precisa que el Consejo de Ministros está conformado por ministros nombrados por el Gobernador provincial conforme a la Constitución Política del Perú, quienes no pueden ejercer otra función pública excepto la legislativa.
De conformidad con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo – Ley 27444, los organismos públicos son entidades desconcentradas del Poder Ejecutivo, con personería jurídica de Derecho Público y tienen competencias de alcance nacional.
Existen cinco Organismos Reguladores: SUNARP, OSITRAN, OSINERGMIN, OSIPTEL y SUNASS. Están adscritos a la Presidencia del Consejo de Ministros y tienen funciones supervisoras, reguladoras, normativas, fiscalizadoras y sancionadoras; y de solución de controversias y reclamos.
Actualmente se cuenta con 14 Organismos Técnicos Especializados, dentro de los cuales destaca el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) adscrito al Ministerio de Ambiente, y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), adscrito al Ministerio de Economía Y Finanzas.
Reside en el Congreso de la República, formado por una sola cámara legislativa de 110 congresistas elegidos por sufragio directo y en distrito múltiple proporcionalmente a la población de cada departamento.
El poder legislativo: Es un organismo autónomo que administra Justicia a través de sus órganos jurisdiccionales, con arreglo a la Constitución y a las leyes, garantizando la seguridad jurídica y la tutela jurisdiccional, para contribuir al estado de derecho, al mantenimiento de la paz social y al desarrollo nacional.
Entre las principales materias en las que actúa un Estado están: Agricultura, educación, salud, trabajo, turismo, pesquería, industria, vivienda, transporte, saneamiento, ambiente, defensa, interior, justicia, economía, relaciones internacionales, etc.
La gobernabilidad es considerada como la capacidad de las instituciones políticas de un país para dirigir la economía y la sociedad. Está estrechamente relacionada con la:
La gobernabilidad es la cualidad propia de una comunidad política según la cual sus instituciones de gobierno actúan eficazmente dentro de su espacio de un modo considerado legitimo por la ciudadanía, permitiendo así el libre ejercicio de la voluntad política del poder ejecutivo mediante la obediencia del pueblo.